El referéndum de Alberta de 2026: los hechos sobre las 10 preguntas.

Los niveles y admisiones de inmigración se establecen a nivel federal. Un voto provincial puede presionar para promover cambios, pero no puede establecer los objetivos de inmigración de Canadá ni anular la jurisdicción federal.

Canadá ya da prioridad a la inmigración económica, con casi el 60% de los inmigrantes que llegan a Canadá a través de la categoría económica.

Si usted patrocina a familiares o está esperando obtener la residencia permanente, esto indica una presión política para reducir el número de personas admitidas, pero no puede cambiar directamente los objetivos de inmigración federales.

En gran parte simbólico; las principales competencias están en manos del gobierno federal.

Estos servicios están bajo presión en Alberta, sin embargo, los niños tienen derecho a la educación (artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Menos del 6% de los estudiantes en Alberta son residentes temporales. Alberta también registra el gasto promedio por estudiante más bajo entre las provincias de Canadá: el promedio nacional es de 13 692 dólares por estudiante; en Alberta es de 11 464 dólares por estudiante (2022-2023).

Podría restringir el acceso a programas para personas con estatus migratorio temporal.

Potencialmente discriminatorio; es probable que haya impugnaciones judiciales.

La mayoría de los residentes temporales no tienen derecho a la mayoría de los servicios sociales a pesar de que pagan impuestos. Los trabajadores extranjeros temporales y los estudiantes internacionales con permisos de trabajo tienen acceso a la atención médica en Alberta, pero también pagan impuestos en Alberta y, por lo tanto, contribuyen a la financiación de la atención médica y la educación en la provincia.

Podría retrasar el acceso a ayudas económicas y otros apoyos sociales para las personas recién llegadas que de otro modo podrían tener acceso a recibirlos.

Potencialmente discriminatorio, y los períodos de espera basados en la residencia podrían entrar en conflicto con las garantías de circulación dentro de Canadá y con las condiciones federales aplicables a los programas de costos compartidos.

Los residentes no permanentes representan solo el 5,6% de la población de Alberta. Los trabajadores extranjeros temporales y los estudiantes internacionales con permisos de trabajo tienen acceso a la atención médica en Alberta, pero también pagan impuestos en Alberta y, por lo tanto, contribuyen a la financiación de la atención médica y la educación en la provincia.

Podría añadir costos para las familias de residentes temporales.

Potencialmente discriminatorio; es probable que haya impugnaciones legales.

Los no ciudadanos ya tienen prohibido votar, y el registro de Elections Alberta muestra muy pocas sanciones de elegibilidad en elecciones generales recientes. A partir de finales de 2026, el documento de identidad de Alberta mostrará un marcador de ciudadanía, lo que hace que un documento separado sea en gran parte redundante.

Los ciudadanos elegibles sin pasaporte o documento de identidad reciente podrían enfrentar nuevas barreras en los centros de votación.

Aplicable, pero puede reducir la participación entre los ciudadanos elegibles.

Los nombramientos de los tribunales superiores son federales según la sección 96 de la Ley Constitucional de 1867. Cambiar esto requiere una enmienda constitucional con otras provincias y el Parlamento; Alberta no puede hacerlo sola.

No habría ningún cambio inmediato; un “sí” es un mandato para buscar una enmienda que requeriría un acuerdo federal y multiprovincial.

Requeriría una enmienda y la cooperación federal.

La Corte Suprema dictaminó en 2014 que la abolición del Senado necesita el acuerdo unánime del Parlamento y de todas las provincias. Un referéndum no puede lograrlo directamente.

Simbólico; expresa apoyo, pero no puede cambiar las instituciones federales por sí solo.

Requeriría una enmienda y la cooperación federal.

Optar por no participar en programas de costos compartidos manteniendo el dinero requeriría una enmienda constitucional y un acuerdo federal; hoy en día, gran parte de la financiación federal está ligada a estándares nacionales (por ejemplo, la Ley de Salud de Canadá).

Ningún cambio inmediato en programas o financiación; un mandato para negociar.

Requeriría una enmienda y la cooperación federal.

Esto revertiría la doctrina constitucional de la supremacía federal y requeriría una enmienda constitucional; una provincia no puede promulgarla sola.

Ningún efecto legal directo; expresa una posición de negociación constitucional.

Requeriría una enmienda y la cooperación federal.

Esta pregunta no es vinculante y no decide la separación. Según la legislación canadiense, la separación real requeriría consultar con las Primeras Naciones y otros grupos indígenas, así como negociar con las demás provincias.

Es la pregunta de mayor relevancia pública, y la primera que será contabilizada. Un “sí” indica al gobierno que debe iniciar los pasos hacia un futuro referéndum, no a separarse.

No vinculante: inicia un proceso, no promulga la separación.